Después de incautarle a la Compañía la Universidad Centroamericana, el régimen de Ortega desalojo a los jesuitas de la residencia ubicada en el mismo predio, dejándolos prácticamente con lo puesto.
El padre Arturo Sosa repudió la incautación y confiscación de bienes de la Universidad Centroamericana, y pidió a las autoridades nicaragüenses revocar la medida y cesar la agresión contra el ateneo.
La Provincia Centroamericana de los Jesuitas asegura que la decisión del régimen de Ortega es "una violación de los derechos humanos", orientada a consolidar "un Estado totalitario".
El sacerdote esloveno, acusado de cometer abusos psicológicos y sexuales, no ha apelado su expulsión, por lo que esta ya es definitiva.