Reforma Penal Juvenil: Justicia y Paz de San Juan pide más oportunidades que castigo

La Comisión de Justicia y Paz de San Juan cuestionó los proyectos que buscan reducir la edad de imputabilidad a 14 o 13 años y pidió un abordaje integral del delito juvenil.

La Comisión de Justicia y Paz de San Juan expresó su postura ante las iniciativas debatidas en el Congreso de la Nación para bajar la edad de imputabilidad. En el documento, la entidad manifestó su preocupación y llamó a priorizar políticas públicas orientadas a la inclusión y el desarrollo de niños, niñas y adolescentes.

El pronunciamiento se enmarca en las declaraciones "Para los jóvenes, más educación, más comunidad" (Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina, 2026) y la carta abierta "Bajar la edad no baja el delito. Más educación, más oportunidades, más esperanza" (Comisiones Episcopales de Pastoral Social y otras, 2026), así como en el documento "Más oportunidades que penas" de la Comisión Episcopal de Pastoral Social (marzo de 2025).

La Comisión valoró la preocupación por actualizar el régimen penal juvenil vigente desde hace más de 40 años (Ley 22.278), pero consideró que centrar la respuesta a la inseguridad en la baja de la edad de imputabilidad -con proyectos que proponen llevarla a 14 años y otros a 13- constituye un enfoque insuficiente si no se atienden las causas estructurales del delito.

En el texto se mencionan problemáticas como el fácil acceso al consumo de drogas por parte de menores, la exclusión del sistema educativo y de salud, y la falta de espacios de contención y desarrollo. En esa línea, se cita al arzobispo de San Juan, Jorge Lozano, quien señaló en 2024 que "es inmoral que muchos niños, niñas y adolescentes estén fuera del sistema educativo, fuera del sistema de salud, sin plazas para jugar, privados de playones deportivos, clubes, talleres de teatro, música, capacitaciones de oficios...".

El documento sostiene que la pobreza estructural, la desnutrición infantil, la violencia, la discriminación y la falta de oportunidades son factores que inciden en la problemática del delito juvenil. Además, advierte que una respuesta centrada en la punición podría significar un retroceso respecto de los estándares internacionales de derechos humanos, especialmente en materia de niñez y adolescencia, y derivar en un ingreso temprano al sistema carcelario.

La Comisión aclaró que su postura no implica promover la impunidad, sino impulsar un sistema penal juvenil con enfoque restaurativo y respetuoso de los derechos y garantías. En ese sentido, destacó la aplicación de principios de justicia restaurativa promovidos por organismos como la ONU y experiencias desarrolladas en distintos puntos del país, incluida la provincia de San Juan.

Asimismo, el texto subraya la necesidad de promover políticas públicas inclusivas y un abordaje integral que contemple las distintas realidades sociales, económicas y culturales del país. También cuestiona consignas como "delito de adulto, pena de adulto", al considerar que simplifican una problemática compleja.

En el tramo final, el documento retoma expresiones de la Comisión Episcopal de Pastoral Social y del papa Francisco, quien en 2024, al convocar al Año Jubilar, propuso iniciativas orientadas a la reinserción y recuperación de la esperanza, especialmente en los jóvenes.

La declaración concluye con un llamado a trabajar por "brindar a los jóvenes la esperanza de un verdadero proyecto de vida", en particular a aquellos que se han visto involucrados en el delito, a quienes ?afirman? "hay que rescatar y no sólo condenar".+